Resumen: El TEAC inadmitió, mediante la resolución recurrida ante la Audiencia Nacional, el recurso de alzada interpuesto contra la sanción impuesta a la entidad actora por el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a los ejercicios 2006 a 2009 e importe total de 319.894,96 euros, y consistente en el incumplimiento del deber de facturar. La razón de tal inadmisión radicaba en que la infracción cometida en cada uno de los trimestres a los que alcanzaba la obligación de facturar no llegaba al mínimo establecido para la admisión de la alzada. La Sala analiza en su sentencia la interpretación que ha de hacerse de la regulación contenida en los artículos 226 y 229 de la Ley 58/2003, General Tributaria, sobre las competencias de los Tribunales Económico Administrativos, en relación con lo prevenido en los artículos 35 y 36 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003. Y concluye que que la interpretación favorable a la admisibilidad del recurso de alzada es la más acorde a lo establecido en el artículo 201 de la LGT cuando dispone, en su apartado 2.a), bajo el cual se tipificaron las infracciones, que la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del uno por ciento del importe "... del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción", y constituye una garantía frente a la posibilidad de que la Administración compartimente de forma injustificada las infracciones.
Resumen: Se insta el desahucio por precario respecto de la misma, frente a sus ignorados ocupantes, opuesta por los ocupantes la existencia de un arrendamiento verbal, la sala concluye que no existe ningún elemento de prueba que acredite tal arrendamiento por lo que, tras recordar la doctrina jurisprudencial que acoge un concepto amplio de precario a los efectos del juicio de desahucio, da lugar al mismo. La penuria económica en que pudieran hallarse los demandados no es causa de denegación del desahucio, sin perjuicio de lo que procede por tal circunstancia en la ejecución.
Resumen: La SAREB ejercita la acción de desahucio contra los ignorados ocupantes de una vivienda de su propiedad. Comparecida la recurrente como demandada, afirma tener derecho a ocupar la vivienda en virtud de un contrato de arrendamiento verba, y así como que se halla legitimada para la ocupación en razón de la normativa contra la exclusión social. La sala recuerda el concepto de precario a los efectos del juicio de desahucio, rechaza la existencia del título arrendaticio alegado, así como que la normativa contra la exclusión social pueda ser opuesta al éxito de la acción entablada.
